El hecho ocurrió en medio de las manifestaciones que se desarrollaron en la capital Santiago, en el sector Plaza Baquedano, el 24 de octubre de ese año, en el marco de la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El Séptimo Juzgado Civil de Santiago acreditó que la lesión de Sepúlveda se produjo "tras ser impactado por perdigón disparado por un efectivo de Carabineros, directamente al tercio superior del cuerpo, y a una distancia inferior al establecido en los reglamentos internos de la institución".
"En definitiva, y conforme al criterio asentado por la Excelentísima Corte Suprema, la sola generación de traumas oculares mediante el uso de estos implementos demuestra un resultado alejado de la finalidad de resguardo del orden público, constituyendo una negligencia palmaria y una falta de servicio inexcusable al no adoptarse las medidas de precaución técnica que la institución conocía y había documentado", explicó la sentencia.
El tribunal citó un informe técnico del Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar) de 2012, en el que se advertía que disparar escopetas antidisturbios a menos de 30 metros o hacia la parte superior del cuerpo podía provocar lesiones graves, incluyendo daño ocular y fracturas craneales.
Aunque el funcionario policial no fue identificado, el juzgado da cuenta de las palabras de un testigo que corrobora que Sepúlveda recibió el disparo percutado por el carabinero a una "distancia extremadamente reducida, estimada en menos de 10 metros, vulnerando flagrantemente la recomendación institucional de distancia mínima y zona de impacto".
"Existe, en consecuencia, un reproche directo hacia el Fisco de Chile, toda vez que este conoció el riesgo de estallido ocular, lo previó técnicamente en sus manuales y, no obstante, ejecutó un servicio que ignoró dichas advertencias, resultando tal omisión la causa directa y necesaria del daño irreversible sufrido por Diego Sepúlveda Miranda", recoge el fallo.
Las protestas dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 manifestantes con graves daños oculares, y la ONU y organismos internacionales señalaron a las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
Se abrieron más de 10.000 causas judiciales y los altos mandos de la época están siendo investigados actualmente.