La nueva norma, que anuló la ley 1341 que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el "estado de excepción".
La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.
El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es "criminal" y que tuvo el fin de "desnaturalizar" los estados de excepción frente a situaciones que generan "caos y anarquía" en medio de las protestas sociales.
Según Alarcón, esa norma resguardaba a los "grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo", por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.
El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará "mayor violencia" y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán "desprotegidas".
Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía "hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden".
También limitaba a 60 días la duración de la medida.
La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.
El Gobierno de Paz ha asegurado que la declaración del estado de excepción es la "última opción" a la que recurrirá si el diálogo no prospera. La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de carreteras que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.
Algunas manifestaciones ocurridas la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos de oficinas públicas y privadas, además de pequeños negocios, agresiones a periodistas y a personas que cuestionaron las protestas.
Los bloqueos, que se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, están ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.
La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.