Según el orden del día, la comisión "avocará conocimiento" de la denuncia del tratado remitida por Noboa a la Asamblea, lo que supone el inicio formal del trámite legislativo, pero no implica todavía una decisión definitiva.
Ecuador se adhirió a este mecanismo hace diecisiete años durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
El sistema fue impulsado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) como una herramienta para facilitar el comercio entre sus países miembros mediante una unidad de cuenta común, sin necesidad de usar directamente divisas en cada operación.
La solicitud del Ejecutivo busca formalizar la salida de Ecuador de este esquema regional, después de que el país ya se retirara del ALBA en 2018, cuando, una decisión que se justificó ante "la falta de soluciones ante la crisis migratoria en Venezuela", según detalló el entonces canciller José Valencia durante el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021).
El Sucre quedó bajo sospecha en Ecuador por su presunto uso en operaciones comerciales ficticias entre Ecuador y Venezuela, entre ellas las vinculadas a Foglocons, una empresa fundada en Guayaquil y relacionada con el empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y deportado a Estados Unidos hace dos semanas.
De acuerdo con una investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional realizada en 2021, cuando estaba presidida por el excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en 2023 durante un mitin de campaña, Foglocons obtuvo en 2011 un contrato con el Gobierno venezolano para la construcción de viviendas.
Según esa investigación, la empresa exportaba desde Ecuador materiales de construcción hacia Venezuela mediante operaciones que resultaron ser falsas.
Estas transacciones se efectuaron a través de este sistema, lo que supuestamente permitió canalizar millonarios flujos de dinero entre Ecuador y Venezuela.