La propuesta fue aprobada en dos votaciones consecutivas en la Cámara baja, con un apoyo mayoritario de prácticamente todo el arco parlamentario.
Incluso la mayoría de los diputados del Partido Liberal (PL) del expresidente Jair Bolsonaro, que inicialmente se oponía al proyecto, acabó respaldando la reforma ante la inminencia de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo octubre.
Tras la primera votación, el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, afirmó que el proyecto defiende el "derecho de vivir, no de sobrevivir" y garantiza la promoción de la salud de los trabajadores.
"La historia nos muestra que los avances civilizatorios siempre enfrentan resistencias, fue así cuando se creó la cartilla de trabajo, fue así cuando se abolió la esclavitud, los contrarios decían que el país no lo soportaría, pero Brasil avanzó", afirmó.
El objetivo de la reforma, consensuada por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con Motta, prevé la eliminación del trabajo los sábados, con una reducción de la jornada semanal de 44 a 40 horas.
Con el objetivo de permitir la adaptación de los diferentes sectores productivos, el proyecto establece un plan de reducción gradual que comenzará a correr una vez que la enmienda sea promulgada de forma definitiva.
A los 60 días de la promulgación, la jornada laboral semanal bajará a un máximo de 42 horas, introduciendo por ley los dos días de descanso semanal remunerado, siendo uno de ellos, de preferencia, los domingos.
A los 12 meses, la carga de trabajo por semana se reducirá de forma definitiva a un máximo de 40 horas.
El texto aprobado mantiene a salvo la validez de acuerdos y convenios colectivos diferenciados, como regímenes especiales ya consolidados en ciertos sectores laborales y actividades consideradas esenciales, como la salud, la seguridad, el transporte y la limpieza urbana.
En estos casos, se podrán optar por escalas propias, siempre que se respete el límite general impuesto por la propuesta de máximo ocho horas diarias y dos días de descanso.
Asimismo, la propuesta prevé que una ley complementaria defina reglas diferenciadas para los microemprendedores individuales, micro y pequeñas empresas, buscando preservar los puestos de trabajo.
Al tratarse de una reforma a la Constitución, el proyecto también necesitará ser sometido a votación por una mayoría calificada en el Senado en dos turnos de votación.
El avance de esta propuesta constitucional coincide con una fuerte ofensiva de Lula, quien hizo de esta demanda uno de los pilares del programa de Gobierno para este año electoral, en el que buscará un cuarto mandato no consecutivo.
La reducción de la jornada laboral, un pedido histórico de los sectores populares y los sindicatos, aún enfrenta la fuerte oposición de sectores productivos, como de la propia Confederación Nacional de la Industria (CNI), quien alertó que el proyecto podría elevar los costos de los trabajadores formales en hasta un 7 % anual.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los brasileños trabajan 38,9 horas semanales y tienen una baja productividad, de 21,2 dólares por hora, lo que sitúa al país en el puesto 94 del mundo.