Tras terminar uno de esos contratos, la empresa decidió no renovarle y la mujer acudió a la Cámara de los Trabajadores, un órgano público de representación de los asalariados.
Al analizar el caso, esa entidad consideró que la actuación de la empresa fue ilegal e intentó sin éxito llegar a un acuerdo.
La Cámara inició los trámites para interponer una demanda judicial, ante lo que la empresa finalmente accedió a pagar a la mujer voluntariamente 65.000 euros en concepto de indemnización.
"Quien trabaja para una empresa durante años merece seguridad para planificar su futuro y condiciones justas", señaló sobre este caso el presidente de la Cámara, Günther Goach, en la página web de la institución.
Los servicios jurídicos de la Cámara argumentan que los llamados 'contratos en cadena' presentan problemas desde el punto de vista del derecho laboral y sólo se admiten de forma limitada y en casos muy concretos, por ejemplo en actividades estacionales.
De hecho, ese órgano considera que en muchas ocasiones ya un segundo contrato temporal con la misma empresa supone la existencia de una relación laboral indefinida.