El juez, según la opinión consultada por EFE, se opuso a la demanda presentada por demócratas y grupos de derechos civiles que pretendía que el decreto de Trump fuera declarado inconstitucional porque los estados y el Congreso —y no el presidente— son quienes tienen la facultad de fijar las normas electorales.
Los demandantes argumentaban además que la orden del presidente sobre el voto por correo vulneraba la Ley de Privacidad (Privacy Act) al crear una lista de ciudadanos mayores de 18 años con el fin de establecer un censo de votantes.
El juez Carl Nichols, que fue designado por Trump, consideró en su decisión que los demandantes no demostraron que el intercambio de información sobre nombre, edad y domicilio entre agencias gubernamentales cause "un daño suficiente".
Trump firmó la orden sobre el voto por correo el pasado mes de marzo después de que el proyecto de ley, que tenía su respaldo para reformar el sistema de votación, quedara estancado en el Congreso.
La orden contempla que el gobierno federal elabore un censo de votantes elegibles y ordena al Servicio Postal de Estados Unidos entregar las papeletas por correo solo a quienes figuren en esa lista.
Esta decisión de Trump se enmarca en la campaña más amplia que cuestiona la legitimidad del voto por correo y pretende endurecer las normas de identificación de votantes, pese a la ausencia de pruebas de fraude electoral masivo.
A principios de este año, Trump votó por correo en las elecciones especiales de Florida, a pesar de liderar la cruzada política contra esta forma de voto desde que optó por primera vez a la presidencia en los comicios de 2016.