Rivera Bryan, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), estaba ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.
El gobierno nicaragüense, comandado por el presidente Daniel Ortega y su copresidenta y esposa Rosario Murillo, indicó en un comunicdo de prensa que su fallecimiento ocurrió pese a "los enormes e intensos esfuerzos" realizados para recuperar la salud de "nuestro hermano Brooklyn", y atribuyó su deterioro físico y neurológico por complicaciones derivadas de una "bacteria generada por la COVID-19".
En el informe se destacó que Rivera Bryan estuvo acompañado de sus familiares más cercanos.
Días antes de confirmarse su muerte, su hija Tininiska Rivera responsabilizó públicamente a los esposos y copresidentes de Nicaragua por el estado crítico de salud del dirigente indígena, detenido desde septiembre de 2023.
"Responsabilizo directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre", expresó desde el exilio en una carta pública.
La hija del líder miskito rechazó además la versión oficial sobre el estado de salud y las condiciones de detención de Rivera Bryan, y sostuvo que cuando fue arrestado salió de su casa "en condiciones óptimas de salud".
También denunció que las imágenes difundidas por el Gobierno evidenciaban condiciones “indignas, inhumanas y degradantes” durante su encarcelamiento, y pidió su liberación inmediata, acceso de familiares, abogados y médicos independientes, así como su traslado fuera del país para recibir atención médica especializada.
Rivera Bryan fue una de las principales figuras políticas de la Costa Caribe nicaragüense y durante décadas lideró la defensa de los derechos territoriales y políticos del pueblo miskito.
Fue detenido antes de las elecciones regionales de marzo de 2024, cuando todavía era legislador, lo que generó denuncias de organismos de derechos humanos y sectores opositores.