"Sin duda, los DACA estamos en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Temo que seamos un nuevo blanco para incrementar sus cifras de deportaciones", dijo Toledo, originaria del mexicano estado de Sonora, en una entrevista a EFE.
La polémica crece entre la comunidad latina de Arizona después de que agentes de ICE detuvieron a la mexicana, de 30 años, el 18 de mayo en la ciudad de Tucson y la llevaran a un centro de detenciones, donde este miércoles afronta una audiencia para su posible deportación pese a ser beneficiaria del DACA.
El entonces presidente Barack Obama (2009-2017) estableció el programa en 2012 para proteger a jóvenes indocumentados que llegaron cuando eran niños a EE.UU., con sus padres indocumentados.
Pero en la segunda gestión de Trump y pese a esta protección ha habido al menos 261 de estos jóvenes arrestados y 86 deportados por ICE, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre el 1 de enero y el 19 de noviembre del 2025.
En la actualidad DACA está cerrado para nuevos solicitantes y aquellos aprobados previamente deben renovar este beneficio cada dos años.
Estos jóvenes son conocidos como "dreamers" o "soñadores", un grupo más amplio de inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que cumplen ciertos criterios de residencia y adaptación, aunque no todos están protegidos por DACA.
Activistas en Arizona han protestado tras divulgarse imágenes de agentes de ICE mientras entran de forma violenta a la vivienda en Tucson de Toledo, conocida en las redes sociales como 'Karlangas'.
La mexicana, quien llegó a EE.UU. cuando tenía un año de edad y trabaja con organizaciones defensoras de migrantes, pasó varios días detenida en el Centro de Detenciones de Eloy, de donde salió, en parte, por la presión ejercida por la misma comunidad.
"Sin duda mis derechos civiles fueron violados, entraron a mi casa sin una orden de arresto, y me detuvieron a pesar de que les dije que tenía DACA", denunció la mexicana, quien este miércoles afronta una audiencia que podría derivar en su deportación.
ICE acusó a Toledo de "haber agredido a un agente", de haber ingresado a los Estados Unidos de manera irregular el 12 de octubre del 2024, y dijo que los oficiales estaban en ese lugar "buscando a otra persona".
"Es mentira, yo nunca ataqué a ningún agente, sí les grité, pero creo que cualquier persona hubiera reaccionado igual si ven agentes de ICE entrando a tu hogar sin presentar una orden legal", dijo.
Aclaró que salió del país en el 2024 para visitar la tumba de su padre en Sonora, fronterizo con Arizona, pero aseguró que tenía un permiso otorgado por el mismo gobierno federal.
Toledo relató que durante sus días en el centro de detención se percató de las precarias condiciones que padecen los migrantes en estos lugares y de la falta urgente de información legal.
El caso de Toledo no es aislado, pues se suma a historias recientes como el del empresario mexicano Guillermo Aguilar, deportado a México tras casi 40 años de vivir en EE.UU., a donde llegó cuando tenía 5 años, pese a estar casado con una ciudadana estadounidense.
La Administración Trump ha argumentado que DACA no proporciona un "estatus legal" y es una "discreción procesal".
De acuerdo con las más recientes cifras del DHS, hasta el pasado 24 de septiembre de 2024 cerca de 537.000 migrantes contaban con la protección de DACA, pero en septiembre de 2025 el número descendió a 32.000.