Con ello, Bruselas pidió orientar más recursos hacia la infancia mejorando la cobertura y la adecuación de las prestaciones sociales y su vinculación con políticas de activación laboral, y reducir las desigualdades de ingresos.
El informe advierte que la cobertura del sistema nacional de renta mínima (IMV) y de su complemento de ayuda para la infancia (CAPI) "sigue por debajo de su potencial, ya que una proporción significativa de los hogares con derecho al apoyo aún no lo recibe debido a trabas administrativas, requisitos complejos y escaso conocimiento del sistema".
El IMV cumplió un total de 846.454 prestaciones en la nómina de abril para hogares en los que conviven 2.583.014 personas, de las cuales cuatro de cada diez son menores.
Aunque reconoció su aumento reciente, Bruselas recomendó "fortalecer los itinerarios de inclusión social (asociados), combinando el apoyo a la renta con servicios sociales personalizados".
Según el informe de la Comisión, el 33,8% de los menores de 18 años en España estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, frente al 34,6% registrado en 2024, año en el que España era el segundo país de la UE con mayor tasa de pobreza infantil, solo por detrás de Bulgaria, según Eurostat.
En su informe, la Comisión identificó como grupos especialmente vulnerables a los niños de familias monoparentales y numerosas, con progenitores de bajo nivel educativo, así como a los menores de etnia gitana y de origen migrante.