"Las graves violaciones contra Rivera y su familia deben cesar; el Gobierno de Nicaragua debe revelar el paradero de los siete familiares y liberarlos de inmediato", señalaron en un comunicado los 16 expertos, entre ellos los relatores de la ONU para los pueblos indígenas, Albert Karume, y contra la tortura, Alice Jill Edwards.
También instaron a las autoridades a autorizar que los ritos funerarios de Rivera, también exdiputado de la Asamblea Nacional, se lleven a cabo en conformidad con los deseos de la familia y de las tradiciones del pueblo miskito, al que pertenecía el líder indígena.
En el comunicado también expresaron su consternación por la muerte bajo custodia de Rivera y se unieron a las peticiones internacionales de una investigación independiente y transparente sobre las circunstancias de su fallecimiento, que se dio a conocer el 31 de mayo.
El caso de Rivera, en su opinión, se inscribe "en un contexto de grave y sostenido deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua" con frecuentes desapariciones forzadas, detenciones en régimen de incomunicación y condiciones de detención que podrían constituir tortura o maltrato.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recordó esta semana que las autoridades nicaragüenses prohibieron regresar al país a Rivera después de que participara en un foro de la ONU sobre cuestiones indígenas, en mayo de 2023, y tras volver clandestinamente a Nicaragua fue detenido arbitrariamente en septiembre de aquel año.
Durante dos años y medio, "a pesar de las muchas solicitudes, las autoridades se negaron a desvelar su destino y paradero hasta su muerte, lo que equivale a una desaparición forzada", indicó la portavoz de la oficina Marta Hurtado.