La iniciativa fue presentada una semana después de que el Gobierno eliminara restricciones legales que limitaban la intervención militar en protestas y disturbios, mientras crecen las presiones para declarar un estado de excepción en las zonas más afectadas por los bloqueos.
Paz hizo el anuncio durante la posesión del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien reemplaza a Marcelo Salinas tras su renuncia al cargo.
El mandatario explicó que el proyecto busca establecer un marco legal para que las Fuerzas Armadas y la Policía puedan actuar en situaciones de conmoción interna bajo criterios que el Gobierno define como "humanitarios", como garantizar el traslado de alimentos, combustibles, medicamentos y pacientes.
"El mensaje es claro, acción humanitaria", sostuvo.
El presidente afirmó que las ciudades de La Paz y El Alto son actualmente las más afectadas por la crisis y destacó que diversas organizaciones sociales demandan "acabar con estos bloqueos".
Paz volvió a convocar al diálogo como el mecanismo más adecuado para encontrar soluciones, aunque recordó que la "Constitución permite, bajo la lógica de acciones humanitarias, poder resolver el momento tan difícil, tan duro" que viven los pobladores de ambas ciudades.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, explicó que el nuevo proyecto busca dar respaldo legal a las actuaciones de militares y policías dentro del marco constitucional.
"No son medidas de excepción como las que se tuvo en periodos de dictadura o incluso en periodos democráticos, donde el objetivo era sancionar a la población, era encarcelar. Aquí el objetivo principal es dar un alivio humanitario", aseguró.
Paredes también sostuvo que no puede repetirse una situación en la que personas mueran por falta de atención médica debido a los bloqueos, ni que los transportistas permanezcan "prácticamente sobreviviendo" en carreteras cortadas desde el pasado 6 de mayo.
Los conflictos en Bolivia han causado la muerte de diez personas, siete de ellas como consecuencia de los bloqueos y las dificultades que tuvieron para recibir atención médica.
La Constitución boliviana permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia dependerá de la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.
Sectores políticos, empresariales e incluso organizaciones sociales que no apoyan los bloqueos han reclamado a Paz un estado de excepción sobre todo en la zona andina, donde estas protestas han bloqueado el tránsito de alimentos, medicamentos y combustibles.
Las protestas y bloqueos son impulsados por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz.