Esta es la tercera ronda de arrestos realizada por la División de Delitos Económicos de la Policía griega en las últimas dos semanas en relación con el caso, lo que eleva a 50 el total de arrestados en dicho periodo y a 10 millones de euros el valor de las ayudas comunitarias que habrían sido obtenidas de manera ilícita por ellos.
Varias decenas de personas que presuntamente habían declarado propiedades de tierra o cabezas de ganado inexistentes para lucrarse con los fondos comunitarios ya fueron detenidas el año pasado.
Al respecto, la prensa griega indica que desde 2019 se podrían haber desembolsado cientos de millones de euros de forma indebida.
Las operaciones policiales de hoy tuvieron lugar en la región septentrional de Kozani y en la occidental de Etolia-Acarnania, donde se investiga a un total de 39 sospechosos.
Entre los trece detenidos figuran un gerente y un empleado de un centro agrícola certificado por la agencia estatal OPEKEPE, el organismo heleno encargado de repartir las subvenciones a los productores locales.
Después de que estallara el escándalo hace un año, el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, prometió a la ciudadanía y a los "agricultores honestos" que detendrían "a los ladrones" y se "devolvería lo robado".
No obstante, los partidos de la oposición han acusado al Gobierno —algunos de cuyos miembros y exministros de Desarrollo Rural se han visto salpicados por la trama— de convertir un organismo estatal (OPEKEPE) en una "impresora de dinero partidista" para comprar votos.
El pasado 22 de abril, el Parlamento de Grecia decidió por amplia mayoría retirar la inmunidad a trece diputados conservadores, entre ellos varios exministros, que están siendo investigados por la Fiscalía Europea (EPPO) por su presunta implicación en el caso.