La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial declaró de "orden público, interés y prioridad nacional" la protección integral de toda la actividad agroindustrial hondureña, una protección que abarca no solo las inversiones en producción, sino también la infraestructura productiva, las cadenas logísticas y el transporte de los bienes y productos del sector.
"Declárese inafectables, de manera inmediata y obligatoria, las tierras y mejoras que se encuentren efectivamente destinadas a la actividad agroindustrial y al cultivo de especies vegetales utilizadas como materias primas (...), cuya propiedad o titularidad esté legalmente definida y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad", subrayó el texto aprobado.
La normativa explica que tanto los proyectos agroindustriales como las personas naturales o jurídicas que produzcan y aprovechen materias primas "gozan de todos los beneficios y protecciones establecidos", y ordena a las autoridades judiciales y policiales ejecutar el desalojo de las tierras que hayan sido ocupadas de forma ilegal.
El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, justificó la urgencia de la ley tras denunciar un aumento de las invasiones de tierras productivas en los últimos años.
Según Zambrano, la pasada administración de Xiomara Castro (2022-2026) mantuvo una "política pública de incentivos" a estas ocupaciones ilegales al ordenar a la Policía Nacional y a la Fiscalía que no actuaran ante las denuncias o los desalojos judiciales.
"Eso es lo que nos ha traído esa inseguridad jurídica: desempleo, menos inversión y menos producción en el país", afirmó Zambrano, quien detalló que las invasiones han afectado a sectores clave como el de la palma africana, el café, la naranja y la caña de azúcar.
El titular del Parlamento enfatizó que la ley "no afecta a la reforma agraria ni a los campesinos", y señaló que el Parlamento apoya la dotación de tierras ociosas a través del Instituto Nacional Agrario (INA), "pero no de tierras productivas que le cuestan a las familias".
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación por el posible impacto negativo de la ley en los derechos económicos, sociales y ambientales de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Según un comunicado del organismo internacional, la legislación podría "profundizar la criminalización de los conflictos sociales, las reivindicaciones colectivas, las protestas y las huelgas vinculadas a las demandas de reconocimiento de derechos sobre la tierra y el territorio ancestral".
La Acnudh instó al Estado hondureño a ajustar sus iniciativas legales a los estándares internacionales de derechos humanos y a adoptar enfoques pacíficos e integrales mediante el diálogo con las comunidades afectadas para resolver la alta conflictividad agraria y ambiental que arrastra el país.