La ampliación del estado de emergencia fue formalizada mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano y precisó que la prorroga será por 60 días a partir del próximo 9 de junio en los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata.
El Ejecutivo señaló que informes reservados de la Policía Nacional indicaron que se deben seguir ejecutando operaciones “para garantizar la preservación y restablecimiento del orden interno” en la zona, así como los derechos constitucionales de la población frente a delitos como hurtos, robos, contrabando, “y otras situaciones de violencia”.
Lea más: Perú declara el estado de emergencia en toda Lima para combatir el crimen con militares
Suspensión de derechos constitucionales
En ese sentido, se precisó que durante la emergencia se mantendrá la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y de reunión, y libertad y seguridad personales.
La Policía Nacional se encargará del control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención “sobre la base de medidas de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos”.
El Gobierno estableció este estado de emergencia el 9 de abril pasado, cuando se informó que la frontera con Chile sería vigilada con patrullas terrestres y drones “para fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia”.
Lea más: Perú declara estado de emergencia en provincia al sur de Lima para enfrentar criminalidad
La medida determinó que se debía mantener en sesión permanente el comité regional y los comités provinciales de seguridad ciudadana de Tacna y realizar patrullas motorizadas permanentes y continuas en la línea fronteriza.
Además, se ordenó intervenir a los migrantes que intentasen cruzar por pasos no habilitados o autorizados, la realización de operativos permanentes y la implementación de un monitoreo aéreo con drones en la zona fronteriza y pasos no habilitados.
El decreto supremo fue publicado con las firmas del presidente de transición de Perú, José María Balcázar, y siete de sus ministros, entre ellos los de Defensa e Interior.
