Bangkok, 4 jun (EFE).- Viajó de Tailandia a Georgia para supuestamente convertirse en gestante de una pareja extranjera, pero al echarse atrás tuvo que elegir entre donar óvulos o pagar para poder regresar a su país. Es el caso de Na, ejemplo de las oscuras redes transnacionales que operan en el negocio de la fertilidad.
Buscando empleo en Facebook, esta tailandesa en la treintena dio con una oferta para gestar para terceros en Tiflis, la capital georgiana: le prometían 400.000 bat (11.600 dólares) tras dar a luz y una asignación mensual de unos 30.000 bat (900 dólares).
"Me dijeron que una familia extranjera quería tener un hijo y necesitaba una gestante", relata Na –nombre ficticio– en una entrevista con EFE.
Aceptó sin saber que el intermediario tailandés que se lo propuso trabajaba presuntamente para BabyCome, una empresa china que se cree que capta a mujeres para gestar en Georgia en condiciones coercitivas, según testimonios recopilados.
Tras regresar a Tailandia a principios de 2025, Na denunció su caso ante la Fundación Pavena –dedicada a apoyar a mujeres y niños en el país asiático– con la intención de ayudar a otras mujeres atrapadas en Tiflis, lo que derivó en una operación de Interpol y en investigaciones que relacionaron el caso con BabyCome.
Na recorrió unos 6.000 kilómetros, con escalas en Dubái y Armenia, hasta llegar a Georgia, creciente polo de las gestaciones subrogadas ante el debilitamiento del sector en Ucrania, debido a la guerra; y a las restricciones de Tailandia, India y Camboya, antes epicentros de esta práctica.
Bajo anonimato, una empleada de una clínica de fertilidad georgiana confirma a EFE que en los últimos años ha aumentado la llegada de mujeres extranjeras para gestar, sobre todo desde Uzbekistán, Kazajistán, Armenia y Tailandia.
"Georgia –que permite la subrogación solo a parejas heterosexuales– es un país pequeño y no hay tantas mujeres georgianas para satisfacer la demanda", explica.
Mientras Tailandia era hace una década uno de los principales destinos globales para la subrogación, tras varios escándalos -como el de un bebé con síndrome de Down abandonado-, Bangkok la prohibió en 2015 para extranjeros.
Y, aunque ahora sopesa reinstaurarla, la práctica continúa, pero con la salida del país de mujeres como Na.
"Cuando llegué (a Tiflis), descubrí que había muchas mujeres tailandesas, unas cien. No había padres intencionales –quienes contratan la subrogación– como me habían dicho, solo un grupo de chinos" que controlaba el negocio, narra Na desde las oficinas de la Fundación Pavena.
Describe un complejo de edificios donde decenas de mujeres eran sometidas a inyecciones hormonales y repetidos intentos de implantación embrionaria y llegaban a ser amenazadas con amputaciones de manos o pies si intentaban marcharse.
Alarmada, quiso volver a Tailandia, pero la red –presuntamente BabyCome– había confiscado su pasaporte y le hizo escoger entre entregar óvulos o pagar 70.000 bat (2.140 dólares) para poder marcharse.
BabyCome está investigada en Tailandia por la División de Tráfico de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia, confirmó a EFE el organismo.
La organización figura en webs bajo el paraguas de dos empresas: Chongqing Zhouyu Health Management Consulting, firma china de consultoría médica en el extranjero, e IHMED, centro de fertilidad taiwanés.
La abogada española Ana Miramontes, especializada en subrogación y adopción, dice a EFE que "trasladar a mujeres de un país a otro para gestar" es una forma "ilegítima" de ofrecer "alternativas más baratas".
Las familias que subrogan en Georgia pagan unos 80.000 dólares, incluidos gastos y una compensación para la gestante, frente a los 150.000 que el proceso alcanza en Estados Unidos, donde la práctica está regulada también para parejas homosexuales.
Si las mujeres se echan atrás, redes como BabyCome "sacan rendimiento a la inversión que han hecho, así sea del billete de avión que les han pagado", asegura Miramontes.
Según Pavena, las gestantes captadas suelen ser madres desempleadas de entre 30 y 40 años.
Na pagó a la red con dinero prestado y ahorros destinados a su hijo y pudo regresar a Tailandia, desde donde la Fundación Pavena coordinó con Interpol una operación que permitió a tres tailandesas salir de Tiflis en 2025, aunque muchas otras permanecen allí.
"Querían volver a casa, igual que Na, porque las condiciones eran completamente diferentes a lo prometido", afirma a EFE la fundadora de la ONG, Pavena Hongsakul.
"Lo que asusta es que no haya padres esperando para ocuparse del niño. Entonces, ¿para qué quieren a estos bebés? ¿A dónde irán tras nacer? ¿Estarán seguros en la familia en la que terminen? ¿Sufrirán abusos, daños físicos o agresiones sexuales en el futuro? Y los óvulos, ¿para qué son?", cuestiona Hongsakul, exministra de Desarrollo Social tailandesa.