En un comunicado difundido al término de una reunión celebrada en La Haya, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, órgano ejecutivo y de coordinación, explicó que, por mayoría cualificada, acordó remitir el procedimiento disciplinario por acusaciones de relaciones sexuales no consentidas contra Khan al pleno de los 125 países miembros.
No obstante, la suspensión del fiscal jefe, hasta que se adopte una decisión final, "no es una indicación del resultado final" del procedimiento, aseguró la Mesa sobre una medida que supone un duro revés para el fiscal británico, que hasta ahora había defendido que las conclusiones de un panel independiente de expertos judiciales equivalían a una exoneración de las acusaciones.
La evaluación de la Mesa, compuesta por 21 miembros, se basó en un informe elaborado por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), las pruebas recopiladas durante la investigación, el dictamen de un panel de expertos judiciales y las alegaciones presentadas por escrito por las partes afectadas.
Tanto la decisión como la documentación examinada permanecerán confidenciales.
La decisión abre un nuevo capítulo en una crisis institucional que comenzó en abril de 2024, cuando una abogada que trabajaba directamente bajo la supervisión de Khan denunció haber sido víctima de conductas sexuales no consentidas.
Dos compañeros de la denunciante trasladaron inicialmente las acusaciones a la dirección de la Corte, lo que llevó al mecanismo interno de supervisión a abrir una investigación que fue cerrada pocos días después.
Meses más tarde, la OIOS asumió la investigación y elaboró un informe que sigue siendo confidencial, aunque, según filtraciones de los últimos meses, la ONU habría encontrado indicios de que respaldaban las acusaciones, pero el panel independiente consideró que las pruebas disponibles no permiten acreditar una conducta indebida con el estándar legal exigido.
La coexistencia de ambas conclusiones enfrentó durante meses a los países miembros de la Corte: algunos defendían que el caso debía cerrarse, y otros sostenían que los hallazgos de la ONU eran demasiado graves para archivar el asunto sin una respuesta institucional.
La polémica tuvo lugar en un contexto especialmente sensible para la CPI, puesto que las acusaciones contra Khan salieron a la luz poco después de que el fiscal solicitara las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.
Khan, que se apartó de sus funciones en mayo del año pasado a la espera de las conclusiones de la investigación, ha denunciado en repetidas ocasiones una campaña destinada a apartarlo del cargo debido a sus decisiones judiciales.
Con la decisión de hoy, el expediente entra en una nueva fase, puesto que se convocará una sesión extraordinaria de la Asamblea de los Estados Partes "lo antes posible", en la que 125 países deberán decidir el futuro de Khan y determinar si las acusaciones suponen una conducta grave incompatible con su cargo.