La Ley de Agentes Extranjeros, que está en vigor desde el 7 de junio de 2025, grava con un impuesto del 30 % a la ayuda extranjera, contempla multas y sanciones penales, fue promovida por el presidente Nayib Bukele, que acusa a las organizaciones humanitarias de ser de "oposición".
Organizaciones como Cristosal, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fesfad), Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre otras han cerrado operaciones en El Salvador a raíz de esta ley.
"Expresamos nuestra profunda preocupación por los impactos que esta normativa ha generado sobre el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, particularmente sobre la libertad de asociación, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la defensa de derechos humanos", expusieron las ONG aglutinadas en el Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos de Centroamérica en un comunicado difundido en San Salvador.
El cierre de organizaciones, la reducción de programas de trabajo, el traslado de operaciones fuera del país, y desplazamiento forzado de personas defensoras y periodistas están entre los efectos observados durante este primer año de vigencia de la legislación, sostuvieron.
De acuerdo con estas organizaciones, la aprobación de esta normativa "ocurrió en un contexto marcado por el progresivo deterioro del espacio cívico, la concentración de poder, la criminalización de voces críticas y el debilitamiento de las garantías democráticas".
Destacaron que las organizaciones que lograron su inscripción como agentes extranjeros "han enfrentado nuevas cargas administrativas, procedimientos de control, restricciones operativas y costos adicionales", lo que ha llevado a "la reducción de personal, la disminución de proyectos comunitarios o la suspensión de iniciativas dirigidas a poblaciones históricamente excluidas".
"La necesidad de conservar las autorizaciones dadas por el registro, sujetas a renovación periódica, ha generado dinámicas de autocensura incompatibles con una sociedad democrática", indicaron las ONG.
Así, "organizaciones y personas defensoras han optado por limitar pronunciamientos públicos, conferencias de prensa, reducir actividades de incidencia o evitar denuncias relacionadas con violaciones a derechos humanos por temor a perder su registro, enfrentar sanciones administrativas o convertirse en objeto de represalias estatales", apuntaron.