Unas demandas que llegan pocos meses después de que en enero pasado entrara en vigor el Acuerdo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), más conocido como Tratado de Alta Mar.
La ONU recuerda que el océano abarca el 70 % de la superficie terrestre, aunque apenas se ha explorado un 5 %, y especialistas como la bióloga marina estadounidense Sylvia Earle señalan que 'Sin azul no hay verde': la vida terrestre depende de la oceánica.
Pese a ello, Greenpeace ha denunciado la "impunidad" de la destrucción en alta mar donde "menos del 1 % del océano está protegido", publicando una investigación que subraya los daños de la pesca industrial, en la que asegura que "más del 37 % de los recursos pesqueros a nivel mundial se encuentren actualmente sobreexplotados".
Como ejemplo, documenta la captura del palangrero de bandera española 'Naboeiro' en la zona de convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea -regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico-, de tres ejemplares de tiburón zorro ojón, especie considerada "extremadamente vulnerable a la explotación".
Mientras tanto, Ecologistas en Acción ha pedido no dar pasos atrás en la protección del océano, aunque "los procesos de desregulación europea o el debilitamiento económico de las Reservas Marinas de Interés Pesquero en el Estado español apuntan en la dirección contraria" y rechazan una "ley ómnibus europea" que reduzca la ambición socioambiental de las directivas Hábitats, Aves, las Estrategias Marinas y la Política Pesquera Común.
Los ecologistas reclaman, entre otros temas, el reparto de derechos de pesca basado en criterios ambientales y sociales; el aumento de la financiación para vigilancia, seguimiento científico y conservación marina; el apoyo a los pescadores locales frente a la acumulación de cuotas de pesca en manos de grandes empresas y la apuesta por prácticas más sostenibles.
Esta ONG reclama a los gobiernos mayor ambición y compromiso internacional, así como acelerar la aplicación efectiva del BBNJ, reforzar la protección de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), aumentar los objetivos internacionales de protección y garantizar la sostenibilidad de las actividades en el medio marino.
Estas y otras organizaciones coinciden en la necesidad de aplicar el BBNJ impulsando el compromiso 30x30 -la protección efectiva de al menos el 30 % de superficie marina mundial para 2030-, creando más AMP y ampliando los trabajos de restauración marina.
Otras peticiones de los conservacionistas incluyen frenar la presión del 'lobby' industrial para potenciar sus actividades, facilitar mayor transparencia y acceso del tercer sector y la ciencia a los datos de capturas y desembarque y aumentar la vigilancia del cumplimiento de la normativa pesquera vigente.
La Comisión Europea aprobó hace unos días el proyecto OceanEye, una iniciativa que busca aglutinar la información sobre el océano y que debe impulsar su conocimiento y protección, situando a la UE como principal proveedor mundial de información sobre este ecosistema.