La opinión del grupo de expertos, publicada este lunes aunque aprobada en su 105º periodo de sesiones, celebrado en marzo y abril, concluye que la detención de estas nueve personas es arbitraria y contraviene artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los casos estudiados fueron los de Walter José Balmaceda Ruiz, José Ricardo Cortez Dávila, José Olivar Meza Raudez, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarías Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, Wilfredo Balmaceda Castrillo y Jairo Alberto Obando Delgadillo.
Los nueve fueron detenidos en 2014 como supuestos autores de una emboscada a una caravana que regresaba de celebrar el 35 aniversario de la revolución sandinista, en la que murieron cinco personas y hubo al menos 24 heridos.
Defensores de derechos humanos y opositores los consideran los 'reos políticos' más veteranos de Nicaragua ya que su caso antecede a las protestas de 2018 y la subsiguiente represión del régimen de Daniel Ortega, que detuvo a cientos de personas a partir de ese año.
En su documento de 16 páginas, sin carácter vinculante, el grupo de trabajo de la ONU estima que los nueve acusados "fueron víctimas de una discriminación significativa en razón de sus actividades políticas contrarias al Gobierno".
Las detenciones "tuvieron como objetivo silenciar a los líderes liberales y mostrar la 'eficacia policial", agregaron los expertos.
Los juicios presentaron evidentes violaciones del debido proceso, y las autoridades judiciales que intervinieron en ellos carecieron de independencia e imparcialidad, destacaron, señalando también que policía y fiscalía fabricaron las pruebas.
Según fuentes recogidas por el informe, los nueve sufrieron torturas y desaparición forzada en los primeros momentos de su detención y ahora están recluidos en la Cárcel Modelo de Tipitapa, situada unos 20 kilómetros al este de Managua, en su mayoría de forma separada y en celdas de máxima seguridad.