El documento señala que los 569 casos involucran a 645 víctimas. Más de la mitad sufrieron vulneraciones desde que se comenzó a implementar en el país el régimen de excepción en 2022, una medida contra las pandillas, pero que suspende a todo la población algunas garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.
Según el informe del Idhuca, la mayoría de víctimas son hombres jóvenes, 577 víctimas, 67 mujeres y una mujer trans, y el 73 % de los afectados tiene entre 18 y 35 años, "lo que evidencia que la juventud es el grupo más afectado", apuntó.
Unas 582 personas reportaron haber sido víctimas de detenciones arbitrarias y "muchas de ellas señalaron no haber tenido garantías judiciales básicas ni acceso adecuado a defensa legal", indicó el ente de derechos humanos.
El informe identifica a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada de El Salvador "como las instituciones más denunciadas por vulneraciones a derechos humanos", expone.
El Idhuca concluye que en El Salvador "se ha consolidado un patrón de privaciones de libertad acompañado de múltiples violaciones a derechos humanos bajo custodia estatal".
Este patrón, según explicó el ente, "afecta principalmente a hombres jóvenes, aunque también impacta a mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad" y agrega que "el Estado se ha convertido en el principal responsable de los abusos denunciados".
Los casos reportados por el Idhuca en el 2025 se suman a las más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos registradas por diversas organizaciones de derechos humanos desde el comienzo del régimen de excepción.
Además de las más de 500 personas muertas bajo custodia del Estado, según ONG.
El informe del Idhuca alerta que "las afectaciones a los derechos humanos en El Salvador continúan profundizándose en el contexto marcado por el régimen de excepción, la concentración de poder y las limitaciones al acceso a la información pública".
Advierte también sobre "el deterioro de garantías fundamentales, así como sobre el impacto que estas dinámicas tienen en poblaciones históricamente vulneradas".
El régimen de excepción, que es la principal medida del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las maras y para reducir la violencia, continúa vigente a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos a poner fin a su implementación.
La medida, que cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población y que le valió a Bukele su reelección inmediata a pesar de una prohibición constitucional, ha permitido, según el Gobierno, combatir a las maras, liberar territorios que estas dominaban y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.