La decisión fue confirmada ayer por uno de los periodistas perseguidos judicialmente, Alexánder Valdez, después de ser notificado al respecto mediante un memorial entregado por la Fiscalía a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala.
En el documento, el Ministerio Público informaba al tribunal que abandonaba el caso en contra de los periodistas.
Valdez aseveró que “este es un gran mensaje para el respeto a la libertad de expresión y el trabajo de la prensa en el país”.
La decisión responde al criterio del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público guatemalteco, Gabriel García Luna, quien tomó posesión el pasado 18 de mayo.
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La fiscal anterior, Consuelo Porras Argueta (2018-2026), sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), había empezado la persecución judicial en contra de los comunicadores en 2022.
El caso
Porras Argueta pretendía que un grupo de periodistas y columnistas del extinto diario El Periódico fueran investigados ordinariamente por el delito de obstrucción a la justicia tras haber opinado sobre las anomalías judiciales en el caso por supuesto lavado de dinero en contra del fundador del medio de comunicación, el periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien estuvo preso por tres años sin cargos probados en su contra.
La Fiscalía al mando de Porras argumentaba que las publicaciones dañaron el honor de la exfiscal general, pero ni los fiscales ni la antigua funcionaria se presentaron la semana pasada a una audiencia en la Corte de Constitucionalidad a pesar de haber impulsado el recurso.
Además de Valdez, la Fiscalía buscaba imputar a la exdirectora de El Periódico, Julia Corado, al exjefe de información, Gerson Ortiz, a los reporteros Cristian Vélix, Rony Ríos y Denis Aguilar; así como a los excolumnistas Gonzalo Marroquín y Edgar Gutiérrez.
El Juzgado Quinto Penal, la Sala Tercera de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya habían ratificado que el caso no puede dirimirse por la vía penal, sino exclusivamente mediante un un Tribunal de Imprenta, figura especializada en delitos de expresión contemplada en la Ley de Emisión del Pensamiento, norma que regula la libertad de prensa en Guatemala.