La llamada ley de inocencia fiscal, impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso a comienzos de este año, supone en la práctica una ley de blanqueo de dólares no declarados, sin una revisión previa del origen de ese patrimonio.
Adorni, investigado por el delito de enriquecimiento ilícito a raíz de irregularidades detectadas en su patrimonio y en sus consumos, presentó este miércoles ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la normativa, según pudo constatar EFE.
Esta solicitud se produce una semana después de que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, quien estuvo en el ojo de la tormenta por haber viajado en el avión presidencial a la ciudad de Nueva York, avanzara con el mismo trámite en ARCA.
Bajo el nuevo régimen, que supone un cambio sustancial en el esquema tradicional de fiscalización, el fisco de Argentina solo puede controlar los ingresos declarados y las deducciones admitidas, excluyendo la variación patrimonial, los consumos personales y los depósitos bancarios.
La ley modifica además los umbrales a partir de los cuales la evasión se considera delito, limita la intervención penal solo a casos de "evasión relevante" e introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal.
Adorni es investigado por la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo de las afueras de la capital, que no había declarado hasta hace solo unas semanas, así como por el gasto en obras de remodelación.
También son foco de la requisa viajes familiares de lujo a Aruba y Punta del Este, en Uruguay.
Según testigos que declararon ante la Fiscalía, Adorni habría gastado más de 349.000 dólares en los últimos años, una cifra que contrasta con lo consignado en su última declaración jurada, correspondiente a 2024, donde declaró un patrimonio total cercano a los 73.901 dólares.
Asimismo, se lo investiga por tráfico de influencias a partir de contratos entre la Televisión Pública -organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete- y la productora de su amigo Marcelo Grandio, así como por otros de empresas estatales con la consultora de '+Be', de su esposa.
Si bien Adorni ha afirmado en reiteradas ocasiones que estos exhuberantes gastos serían explicados en su declaración patrimonial, el funcionario todavía no ha hecho la presentación este año y el escándalo ha provocado una crisis política en el Gobierno de Milei, cuya imagen positiva se ha visto afectada en las últimas encuestas.