"Por primera vez en la historia del país, dos brigadieres generales retirados del Ejército Nacional reconocieron públicamente la existencia de órdenes superiores orientadas al cumplimiento de cuotas de bajas", aseguró la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC.
La investigación del tribunal documentó 209 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate, conocidas en Colombia como falsos positivos, incluidos diez menores de edad, así como 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio ocurridas en Meta entre 2002 y 2007.
Los dos brigadieres generales retirados son Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, excomandantes de la Séptima Brigada del Ejército.
Saavedra admitió que ejerció presión sobre los comandantes para incrementar las bajas reportadas y reconoció haber utilizado expresiones que transmitían el mensaje de acudir a grupos paramilitares para producir resultados operacionales.
Por su parte, Ardila reconoció que incumplió sus deberes de mando y control cuando estuvo al frente de la Séptima Brigada y aseguró que el sistema de incentivos institucionales contribuyó a cometer estos crímenes.
"Las personas que fueron asesinadas no eran combatientes. Eran civiles, con proyectos de vida, familias, sueños y aspiraciones, a quienes estigmatizamos como delincuentes", manifestó Ardila durante una audiencia.
Junto a ellos reconocieron responsabilidad otros 25 exintegrantes de la fuerza pública pertenecientes al Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (Bivar) y al Gaula Rural Meta (Gamet), entre ellos coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, suboficiales y soldados profesionales retirados.
En noviembre de 2025, la JEP imputó a los 27 comparecientes por crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos relacionados con los falsos positivos, uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército hicieron desaparecer y asesinaron a inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras con el fin de obtener premios y ascensos.
La JEP ha contabilizado 7.837 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.