Menciona, entre ellas, las que podrían llevar a que personas en situación administrativa irregular permanezcan privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.
En una carta remitida al Comité de Representantes Permanentes (el principal órgano preparatorio del Consejo de la Unión Europea) en vísperas de la entrada en vigor de Pacto Europeo de Migración y Asilo, el Gobierno español ha expresado su oposición al texto sobre retornos impulsado por Bruselas y ha defendido una política migratoria integral, "con pleno respeto al Derecho internacional y de la Unión Europea".
Para el Gobierno, el texto actualmente planteado no cumple con el marco normativo europeo por "la renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno; las serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas que plantean los centros de retorno, y la falta de proporcionalidad de determinadas medidas".
Según el Ejecutivo, el texto multiplica las referencias a legislaciones nacionales y da "pasos hacia atrás" en la armonización de las políticas migratorias.
Entre otros aspectos que cuestiona está que "el internamiento deja de ser una medida de último recurso" y que "se amplía el período de privación de libertad hasta 24 meses, con prórrogas potencialmente indefinidas".
También que se prevea también "la posibilidad de detenciones en cadena en diferentes Estados miembro sin ningún límite temporal".
"Cabe preguntarse -incide el Ejecutivo- si en la Unión se va a permitir que se prive de libertad a personas en una situación administrativa irregular por períodos superiores a los que se aplican a criminales condenados por delitos graves".
Además de estas objeciones al reglamento, España muestra una "enorme preocupación" por la creación de los llamados 'return hubs' o centros de retorno en terceros países, otra de las medidas controvertidas.
Según el Gobierno, estos centros podrían establecerse mediante convenios no vinculantes que generan "inseguridad jurídica" y "no permiten garantizar el respeto de los derechos de las personas que serán retornadas a un tercer país, independientemente de su vínculo o no con el mismo".
Asimismo, advierte de que incluso familias con menores podrían ser enviadas a países con los que no mantienen ningún vínculo.
Alerta también del "riesgo alto de litigiosidad por posible vulneración del principio de no devolución", recogido tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Cuestiona también el impacto diplomático de estos acuerdos con terceros países. A su juicio, la posibilidad de que la propia Unión o algunos Estados miembros alcancen pactos para albergar centros de retorno puede afectar a la credibilidad de la política exterior europea y a las relaciones bilaterales de los Estados miembros.
Por todo ello, España ha anunciado formalmente su oposición a la adopción del Reglamento de Retornos, que permite crear centros para deportar a migrantes a terceros países.