De hecho, el problema del odio y las amenazas en redes es uno de los principales desafíos que menciona la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea en el informe anual que ha publicado este jueves.
La leyes para regular y proteger el espacio digital, señala esta agencia, se toparon en 2025 con la resistencia de las empresas y también del Gobierno de Estados Unidos.
En el reporte se incluyen datos de un sondeo realizado en noviembre en los veintisiete países comunitarios de la que se extrae que en los doce meses anteriores el 35 % de la población se topó con ese contenido dañino.
El 18 % de los encuestados hablaron de material racista, el 16 % de sexismo y el 14 % de homófobo, seguido de teorías de la conspiración (11 %), tránsfobo (10 %), antisemita (9 %), terrorista (6 % ) y de abuso sexual a niños (3 %). Otro 11 % habló de 'otro contenido' diferente al de esas categorías.
Por países, el porcentaje de ciudadanos que reportó haber visto algún tipo de contenido dañino va del 72 % en Suecia al 13 % en Portugal, con España por encima de la media comunitaria con un 38 %.
Facebook es la plataforma en la que más encuestados (42 %) afirmaron haber visto contenido dañido, seguida de Instagram (28 %), TikTok (24 %), YouTube (22 %) y X (12 %).
La FRA reconoce que lo que los encuestados consideran 'dañino' o potencialmente ilegal es subjetivo y varía de unas personas a otras.
De hecho, la otra pata del sondeo es la del 9 % de encuestados que declararon que contenido subido por ellos había sido bloqueado o retirado, pese a que lo consideraban legal.
En su informe, la FRA se refiere a los problemas para aplicar la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2022 pero plenamente activa desde febrero de 2024, y diseñada para afrontar los riesgos para la democracia que surgen en las redes y garantizar la supervisión y la transparencia del espacio en línea.
Esta ley no determina qué es ilegal ni pide a las plataformas que actúen de policías, pero sí a evaluar los riesgos y tomar medidas, y les pide transparencia y rendición de cuentas.
La FRA denuncia que los esfuerzos de la UE para proteger la democracia y los derechos en el mundo digital ha chocado con "la interferencia política externa y la falta de cooperación por parte de las grandes corporaciones".
Respecto a la injerencia externa, el informe se refiere a las prohibiciones de entrar al país a varios políticos y activistas europeos dictadas por Estados Unidos en relación a su defensa de la DSA, entre ellos el excomisario comunitario Thierry Breton.
Además, la FRA recuerda que numerosos activistas o periodistas fueron espiados en la aplicación de mensajes WhatsApp (Meta) mediante un programa de una empresa israelí.
Así, esta agencia de la UE lamenta que los potenciales beneficios para el debate público y la libertad de expresión se ven ensombrecidos por la propagación del odio en línea y la falta de información disponible sobre las prácticas de las plataformas digitales, a las que acusa de haber creado un "sistema opaco".
La FRA recuerda que el pasado octubre la Comisión Europea consideró que Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y TikTok incumplían sus obligaciones de transparencia bajo la DSA, y que en diciembre multó con 120 millones de euros a X por el mismo motivo.
"Debido a la falta de apertura de las plataformas digitales, no es posible comprender adecuadamente cómo interfieren en los derechos fundamentales y la democracia", señala la FRA.
La agencia denuncia la existencia de lagunas en el conocimiento de cómo las plataformas online manipulan e interfieren con sus usuarios.