"María Corina, agradezco, en nombre del pueblo boliviano, el respaldo expresado a nuestra democracia, a la institucionalidad y a la voluntad soberana de los bolivianos", escribió Paz en X, en respuesta al comunicado publicado por la también Nobel de la Paz en sus redes sociales.
El mandatario, que lleva siete meses de Gobierno, sostuvo que Bolivia "valora profundamente la solidaridad de aliados democráticos" de la región en momentos en los que se debe "defender, con firmeza y responsabilidad, la paz social, el orden constitucional y la estabilidad" de su país.
"Bolivia no está sola. Seguiremos trabajando para devolver la normalidad al país y asegurar que ningún interés particular esté por encima del bienestar de millones de bolivianos", manifestó.
También afirmó que está comprometido con "sacar a Bolivia de la profunda crisis que dejaron los anteriores gobiernos, proteger la democracia y garantizar la libertad de todos los bolivianos".
En su comunicado, Machado expresó su "firme respaldo" a Paz y al Gobierno "legítimamente electo por los bolivianos" y condenó "cualquier intento de desconocer el mandato popular, desestabilizar las instituciones democráticas y generar escenarios de confrontación que pongan en riesgo la gobernabilidad y la paz" en Bolivia.
La exdiputada venezolana consideró que "lo que está en juego no es únicamente la estabilidad de un país, la defensa de la democracia en Bolivia es un asunto de seguridad y estabilidad de todo el hemisferio", por lo que pidió a la comunidad internacional defender el orden constitucional en ese país.
Las protestas y bloqueos de carreteras comenzaron a principios de mayo impulsados por sindicatos campesinos de la región andina y la Central Obrera Boliviana (COB), a los que se sumaron sectores afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz.
Los conflictos han dejado a varias ciudades desabastecidas de alimentos, medicamentos y combustible, y han provocado al menos 16 fallecidos, incluidas 13 personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas por 2.500 millones de dólares.
La Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo convocaron este jueves a un "Pacto social por la paz y la reconciliación" para encontrar salidas concertadas a las protestas, pero los sectores en conflicto rechazan dialogar e insisten en que su única demanda es la dimisión del presidente.