Según una nota de prensa del tribunal, Mohamed Bilal y Yusuf Mieraili fueron hallados culpables de múltiples delitos, entre ellos el de homicidio premeditado, cuya pena máxima es la ejecución, por el atentado perpetrado en el templo hinduista de Erawan, en uno de los barrios comerciales de Bangkok.
Los condenados -de acuerdo con las pruebas admitidas en la corte- detonaron la bomba el 17 de agosto de 2015, causando heridas a más de 120 personas -160 si se incluyen heridos muy leves-, varios de ellos extranjeros que se encontraban cerca del recinto religioso cuando se produjo el incidente.
Aunque los acusados negaron los cargos y aseguraron que sus primeras confesiones fueron obtenidas bajo coacción y tortura, el tribunal consideró que las pruebas eran "abrumadoras y fiables", según el comunicado de la corte.
El juicio, que comenzó hace una década en un tribunal militar, se vio retrasado por aplazamientos solicitados por las partes y el caso terminó siendo traspasado a una corte civil del sur de Bangkok.
El 11 de febrero de 2016, el entonces jefe de la Policía de Tailandia, Somyot Pumpanmuang, declaró cerrado el caso, tras atribuir la acción a grupos del crimen organizado en represalia por la campaña gubernamental contra el tráfico de personas.
La última vez que Tailandia aplicó la pena de muerte fue en junio de 2018, cuando un joven de 26 años de edad recibió la inyección letal tras haber sido condenado por robo con asesinato.
Según cifras de Amnistía Internacional, hasta marzo de 2025 el país mantenía a 344 hombres y 39 mujeres en el corredor de la muerte, la gran mayoría condenados por narcotráfico.
Una de las hipótesis barajadas en su día con respecto al atentado en el templo, popular entre turistas chinos, fue su posible vinculación a la deportación semanas antes a China de un centenar de uigures que esperaban viajar a Turquía en busca de asilo.
Tailandia mantiene una relación compleja con la inmigración uigur, minoría emparentada con pueblos de Asia central que numerosas ONG acusan a China de hostigar y detener en centros de reeducación en Xinjiang, donde Pekín ha acusado a grupos separatistas de terrorismo.
La deportación de 2015 desató una ola de indignación internacional. En febrero de 2025, Tailandia hizo lo mismo con otros 40 uigures tras un acuerdo con Pekín, pese a las críticas de Naciones Unidas por el riesgo de represalias en China.