Se trata de un proyecto de ley presentado por el Gobierno, liderado por el conservador Luís Montenegro, cuyo objetivo es excluir de la tributación en el impuesto de las personas físicas (IRS, por sus siglas en portugués) las indemnizaciones económicas recibidas por los abusos registrados en instituciones de la Iglesia católica.
De prosperar la iniciativa, quedarían excluidas las compensaciones pactadas "en los términos del reglamento de la Conferencia Episcopal y de la Conferencia de los Institutos Religiosos de Portugal publicado el 25 de julio de 2024".
El proyecto contempla que la exención pueda ser aplicable a las compensaciones financieras atribuidas "por abusos sexuales a menores y adultos vulnerables al abrigo de otros reglamentos, acuerdos, convenios o protocolos, reconocidos por norma conjunta de los miembros del gobierno responsables de las áreas de finanzas y justicia".
Junto a esta propuesta, también fueron aprobados proyectos en esta misma línea presentados por el Bloco de Esquerda, los ecologistas de Livre y el ultraderechista Chega. Todos esos proyectos, junto con el del Ejecutivo, deberán ser debatidos en comisión antes de ser sometidos a la votación final del pleno.
Más de 4.800 personas podrían haber sido víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia católica portuguesa en los últimos 60 años, según un informe publicado en febrero de 2023 por la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales de Niños en la Iglesia Católica.
El pasado 26 de marzo, la Conferencia Episcopal lusa anunció que había aprobado indemnizar a 57 víctimas con unas compensaciones que oscilan entre 9.000 y 45.000 euros, algo que la principal asociación de afectados por los abusos, Corazón Silenciado, consideró una "afrenta".