"Ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de la vida al margen de un debido proceso. La ejecución sumaria constituye una violación de principios fundamentales del derecho internacional", manifestó el PCV, formación intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
A su juicio, este es otro episodio de "violación de la soberanía venezolana y de subordinación" del Gobierno venezolano a los intereses de Estados Unidos, país que, recordó, en enero pasado bombardeó Caracas y detuvo al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores.
"La experiencia internacional demuestra que, detrás de este tipo de intervenciones, suelen abrirse paso intereses económicos vinculados al control de recursos naturales y territorios estratégicos", consideró el PCV en una nota de prensa.
En este sentido, subrayó que en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), donde murió el 'Niño Guerrero', hay importantes reservas de minerales, por lo que manifestó su preocupación sobre operaciones que "sirvan para afianzar el control de corporaciones transnacionales interesadas en la expoliación y no para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por la violencia".
La formación consideró que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede convertirse en una "coartada para legitimar operaciones militares extranjeras, la cesión de soberanía nacional ni la presencia de aparatos de guerra de una potencia imperialista", por lo que llamó a los venezolanos a impedir que Venezuela se convierta en una "plataforma de dominación extranjera".
El pasado viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que el Comando Sur de su país "lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito" al 'Niño Guerrero', líder de la banda de origen venezolano calificada como terrorista por Washington, un operativo en Bolívar que fue posteriormente confirmado por Caracas.
El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, indicó que la operación se desarrolló con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países.
Este operativo, sobre el que organizaciones exigen transparencia, se ejecutó dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas.