La decisión, emitida por la jueza Amanda Brailsford, supone un alivio temporal para la comunidad trans en ese estado, que se enfrentaba a penas de hasta cinco años de prisión en caso de reincidencia bajo esta normativa, cuya entrada en vigor estaba prevista para el próximo 1 de julio.
La magistrada concedió una orden judicial preliminar al considerar que la ley probablemente es inconstitucional por su ambigüedad, al dejar en manos de los agentes del orden decisiones subjetivas como la determinación del sexo biológico de una persona.
Según Brailsford, la norma "impone sanciones penales significativas, pero deja decisiones cruciales sobre su aplicación a la discrecionalidad sin pautas claras de los agentes individuales".
La demanda fue presentada por seis residentes transgénero de Idaho, quienes alegaron que la ley vulnera sus derechos constitucionales.
La resolución bloquea parcialmente la ley mientras continúa el proceso judicial y en concreto permite a las personas trans usar baños individuales acordes con su identidad de género, así como baños compartidos cuando no haya alternativas disponibles.
Los demandantes no impugnaron las disposiciones relativas a vestuarios y duchas.
La normativa de Idaho ha sido considerada la más restrictiva del país en esta materia, al aplicarse tanto a edificios públicos como a espacios privados, incluidos restaurantes y oficinas.
En otros estados con restricciones similares, estas suelen limitarse a escuelas, edificios gubernamentales o espacios públicos específicos.
Las autoridades estatales defendieron la ley argumentando que busca proteger la privacidad y la seguridad, aunque la jueza señaló que la legislación vigente ya cubre estos objetivos y advirtió del riesgo de una aplicación arbitraria.