La Eurocámara lamentó la muerte de Rivera, de 73 años, exdiputado de la Asamblea Nacional y presidente del disuelto partido Yatama, quien había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023 cuando intentaba regresar clandestinamente a Nicaragua tras ser bloqueado por las autoridades después de participar en un foro de la ONU sobre cuestiones indígenas.
Rivera falleció el pasado 30 de mayo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, tras permanecer en situación de desaparición forzada desde su detención.
Las autoridades nicaragüenses atribuyeron su muerte a complicaciones relacionadas con la covid, pero el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lo calificó el lunes de una "prueba más de las políticas represivas" del Gobierno y señaló que quedaban por aclarar las condiciones de su detención y si tuvo acceso a atención médica adecuada.
La resolución conjunta, que fusiona las mociones presentadas por los principales grupos políticos de la cámara, recoge las conclusiones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, según las cuales las violaciones cometidas por el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo constituyen, "'prima facie', crímenes contra la humanidad".
El texto, aprobado por mayoría en votación a mano alzada, condena asimismo la sentencia de 15 años impuesta a Brenes y Martínez Aburto por "traición", en un proceso sin garantías procesales.
La resolución señala que, desde su detención, en agosto de 2025, el matrimonio permanece en situación de desaparición forzada, sin que sus familiares hayan podido establecer contacto con ellos ni obtener confirmación oficial sobre su paradero o estado de salud.
El Parlamento exige prueba de vida inmediata y acceso a atención médica, en particular para Brenes, de 71 años y diagnosticado de diabetes insulinodependiente, según el texto.
Asimismo, la cámara denuncia que seis familiares de Brooklyn Rivera que acudieron a reclamar sus restos también pudieron ser sometidos a desaparición forzada, y pide que Nicaragua sea remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) para garantizar la rendición de cuentas, según un comunicado.
En el plano de las relaciones UE-Nicaragua, el Parlamento reiteró su exigencia de activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, en vigor desde el 1 de mayo de 2024.
También pidió al Consejo de la UE que amplíe las sanciones selectivas contra los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, incluyendo jueces, fiscales y responsables penitenciarios identificados por el Grupo de Expertos de la ONU. EFE