El Gobierno de populistas y eurocríticos, con el magnate agroindustrial Babis a la cabeza, aprobó hace una semana, de acuerdo con su programa electoral, una reforma que ahora será tramitada en el Parlamento y que prevé abolir las tasas ciudadanas con las que se financian los entes, que pasarán a depender directamente de los presupuestos generales.
En la reforma se prevé además una rebaja, cuando entre en vigor la ley el 1 de enero de 2027, del 14 % en el presupuesto de la radiotelevisión pública.
Los dirigentes de los medios han alertado de los recortes de personal que supondrá la reducción de 58 millones de euros en los ingresos y han avanzado que podrían despedir entre 450 y 700 trabajadores, de una plantilla total de 4.250 personas.
Desde la madrugada, cuando comenzó la huelga, antes de los noticieros se guarda un minuto de silencio y muchos programas comienzan con un ligero retraso.
Los espectadores serán testigos de retrasos de un minuto en muchas de la programaciones, trajes negros y continuos recordatorios a la audiencia de los motivos de la huelga, mientras que en la radio la emisoras regionales y digitales se conectarán varias veces al día para realizar transmisiones conjuntas, y algunos programas tendrán un formato diferente o serán más cortos.
La víspera se produjo una marcha de protesta, en la que participaron varios miles de personas, y que fue organizada por ONG 'Un millón de momentos para la democracia', que ve en la modificación de la financiación un intento de control gubernamental.