La sentenciada recibió la pena de prisión suspendida sujeta al cumplimiento de las reglas de conducta durante el primer año, además de la prohibición de acercarse a la agraviada y el pago de una reparación civil de 1.000 soles (unos 295 dólares) a su favor.
La Fiscalía señaló que, "según los hechos acreditados durante el juicio oral, la hoy sentenciada (...) profirió expresiones ofensivas y cuestionó en reiteradas ocasiones la identidad de género de la agraviada el 1 de marzo de 2024", mientras apoyaba al coordinador de un instituto de educación superior de la ciudad de Chiclayo, la capital de Lambayeque.
Al verificar la asistencia de los estudiantes, "realizó actos de distinción y humillación pública al cuestionar y negar la identidad de género de la agraviada frente a sus compañeros".
La Fiscalía agregó que los testimonios, las pericias y otras pruebas presentadas durante el proceso acreditaron "la afectación de los derechos fundamentales de la agraviada, así como a su libre desarrollo de la personalidad y educación, debido al impacto emocional que generaron los hechos".
"La consecuencia del suceso fue que la víctima abandonara sus estudios y no rindiera el examen general de admisión", agregó.
El Ministerio Público reafirmó, en ese sentido, "su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra toda forma de discriminación, promoviendo una sociedad más inclusiva y respetuosa de la dignidad de las personas" en Perú.