El comunicado, que responsabiliza plenamente a las autoridades israelíes de la situación de las tres mujeres, identificó a las detenidas como Amina Al Tawil, de 37 años y cuatro meses de gestación, oriunda de Qalqilya (este de Cisjordania); Dana Yudeh (35), con cinco meses de embarazo y procedente de Nablus (norte); y Manar Ibrahim (28), embarazada de cuatro meses, de Ramala (centro).
Según la SPP, las tres mujeres fueron detenidas entre marzo y abril de este año, coincidiendo con un aumento "sin precedentes" del número de mujeres palestinas detenidas en prisiones israelíes.
Las tres forman parte de las 93 presas palestinas actualmente recluidas en cárceles israelíes, la mayoría en la prisión de Damon (norte), donde se encuentran en aislamiento y sin acceso a visitas familiares ni del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), suspendidas desde el inicio del conflicto en Gaza.
La detención en Damon representa la etapa final de un proceso que comenzó con los interrogatorios y un paso previo por la prisión de Hasharon, utilizada como centro de detención temporal, informó la organización.
También señaló que los detalles del trato recibido durante los interrogatorios y en Hasharon "reflejan un nivel extremadamente peligroso de abuso y humillación", incluyendo la imposición de registros corporales íntimos, que la SPP describe como una de las políticas más extendidas contra las detenidas.
De acuerdo con testimonios recabados por la SPP a través de visitas legales y de detenidas liberadas, las prisioneras son sometidas a medidas punitivas intensificadas que incluyen escasez de alimentos, negligencia médica y presión psicológica constante.
La organización denunció que las presas embarazadas no reciben ningún trato diferenciado pese a su condición y que algunas han sido sometidas a interrogatorios severos en celdas sin condiciones sanitarias mínimas, lo que ha derivado en pérdida de peso, desnutrición y agotamiento severo.
La SPP calificó estas condiciones de violación grave del derecho internacional humanitario y, en particular, del Cuarto Convenio de Ginebra, que obliga a la potencia ocupante a garantizar atención médica y protección especial a las mujeres embarazadas.
La Sociedad de Presos Palestinos recordó que las autoridades israelíes han arrestado a más de 765 mujeres desde el inicio de la guerra, entre ellas niñas, ancianas, médicas, abogadas, periodistas y activistas, la mayoría bajo detención administrativa o acusaciones de "incitación" en redes sociales.
Apuntó, además, que algunas fueron arrestadas junto con sus maridos, dejando a sus hijos sin ninguno de los dos progenitores.
La SPP hizo un llamamiento a los relatores especiales de la ONU, al CICR y a los organismos internacionales de derechos humanos para que actúen de forma inmediata y garanticen la liberación de las tres embarazadas, así como el acceso independiente a todas las presas palestinas.
El Servicio de Prisiones de Israel (SPI), consultado por EFE, negó las acusaciones y aseguró que "las alegaciones descritas son falsas y carecen por completo de base fáctica", añadiendo que todos los detenidos "reciben atención médica basada en criterios médicos profesionales" y que cualquier denuncia presentada por los canales oficiales "es examinada por las autoridades competentes".