"Insto al Estado ecuatoriano a que: garantice el derecho a promover, defender y proteger los derechos humanos; cese la persecución, criminalización y vigilancia de personas defensoras; garantice su protección efectiva contra amenazas, violencia e intimidación", escribió Bolaños en su cuenta de X.
Además, que "refuerce los mecanismos institucionales de la Defensoría del Pueblo para proteger y respaldar a personas defensoras"; enjuicie a los responsables de toda violación contra los defensores de derechos humanos, "sin impunidad, y lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente" del caso de Silva.
La experta señaló que sigue de cerca este suceso y que, después de que las autoridades forenses indicaron que las circunstancias de la muerte de la activista no concuerdan con un suicidio, el suceso "adquiere una gravedad particular".
"Lejos de ser un caso aislado, diversos informes señalan que otras personas defensoras de derechos humanos están sufriendo hostilidad por parte del Estado", afirmó la relatora.
Bolaños añadió que esta situación "vulnera gravemente los derechos consagrados en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular, el derecho a la vida, a la libertad de expresión y a la asociación pacífica".
El pasado viernes, el equipo legal de la familia de Silva señaló que la autopsia había determinado que fue asesinada y no que se suicidó, como se presumía, según dijo el ministro del Interior, John Reimberg, el pasado 9 de junio, un día después del hallazgo de su cuerpo en su vivienda de la localidad de Montañita, en la provincia costera de Santa Elena (suroeste).
La activista había realizado varias denuncias sobre casos de presunta corrupción en esa zona.
La Delegación de la Unión Europea (UE) en el país andino y la Embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado de manera rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a incluir entre las líneas de la investigación una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción.