El texto fue adoptado por 271 votos a favor y 202 en contra, lo que supone una victoria para el Gobierno, que logró reunir una mayoría heterogénea en torno a la reforma, incluyendo a parte de la izquierda, entre ellos los diputados de La Francia Insumisa (LFI).
El Ejecutivo del macronista Sébastien Lecornu consideró este resultado como un avance significativo en un proceso institucional sensible y de largo recorrido.
La reforma introduce la posibilidad de que la colectividad corsa pueda "decidir sobre la adaptación" de determinadas normas legislativas y reglamentarias, en el marco de sus competencias.
El dispositivo, sin embargo, ha sido revisado durante el debate parlamentario para limitar su alcance y evitar un posible efecto contagio en otras regiones metropolitanas como Bretaña o Alsacia.
El texto final hace referencia a una "comunidad insular" con una "conexión única con el territorio corso", tras reservas expresadas por el Consejo de Estado.
El debate en el hemiciclo estuvo marcado por profundas divisiones. Desde la oposición, representantes de la derecha y de la extrema derecha criticaron el texto por considerarlo simbólico y carente de garantías suficientes.
Argumentaron que la reforma otorga competencias sin mecanismos claros de control y sin una consulta directa a la población corsa sobre el principio de autonomía.
En el otro extremo, diputados de la mayoría presidencial y aliados defendieron un compromiso institucional que, según afirmaron, permite modernizar el marco republicano sin romper su unidad.
Parte de la izquierda, aunque con matices, terminó respaldando el texto, aunque subrayó la complejidad del equilibrio entre descentralización y cohesión nacional.
Pese a esta aprobación inicial, el proceso legislativo está lejos de concluir. El proyecto deberá ser examinado por el Senado, donde se espera una oposición significativa, antes de una eventual reunión del Congreso en Versalles (las dos cámaras) que requeriría una mayoría de tres quintos para su adopción definitiva.