La defensa de Zapatero remitió un escrito al juez que lleva el caso, José Luis Calama, en el que advierte de que, si no existe tal autorización, dichas conversaciones "tienen que ser excluidas del procedimiento", "con las consecuencias procesales que ello conlleva" y ello comprendería, "en su caso, promover un incidente de nulidad".
Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, está acusado de haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un préstamo de 53 millones de euros en 2021 con motivo de la crisis de la pandemia, a cambio de supuestas comisiones.
Por ello, declaró la pasada semana en la Audiencia Nacional por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
A esto se añaden el delito fiscal y el de contrabando por unas joyas guardadas en la caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, según la tasación pericial ordenada por el juez.
El abogado del expresidente, Víctor Moreno Catena, se refiere a un disco duro denominado "crucial" que contiene conversaciones de un abogado imputado en el caso, Miguel Palomero, y "otras conversaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros" que se practicaron el 24 de octubre de 2024 en atención a unas solicitudes de cooperación jurídica internacional de Francia y Suiza.
Dichas conversaciones, explica el letrado, fueron analizadas en informes policiales y figuran en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025 y dio lugar a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Madrid que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que después lo derivó a la Audiencia Nacional.
De hecho, el abogado subraya que la resolución que remitía el caso a la Audiencia Nacional tenía "base" en un chat denominado "Danilo-España" y en ella la jueza consideró "que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países".
El abogado subraya que el material digital fue intervenido "con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero" (Francia y Suiza), si bien ha sido "utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto".
Y eso requiere "una habilitación judicial" que ahora solicita en su escrito, en el que pide "que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas".
Por ello, reclama que la Fiscalía indique qué resolución judicial autorizó "a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas aludidas, así como el lugar de esta compleja instrucción, de ida y vuelta, donde esa autorización se encuentra" para que "se pueda asumir como una diligencia que fue regularmente obtenida".
Y advierte de que, si no se hubiese obtenido dicha autorización, "las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas" y "habrían quedado irremediablemente vulnerados el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales".