La petición se cursó por medio de una comunicación de la Abogacía General de la Unión, en la que se incluyeron garantías exigidas por la Justicia italiana para la extradición.
El pasado 22 de mayo, la Corte Suprema de Casación de Italia rechazó la extradición a Brasil de Zambelli por otro caso, una condena a diez años de prisión por sabotear los sistemas informáticos del Consejo Nacional de Justicia.
El motivo para negar la extradición fue que la Justicia italiana consideró que el Tribunal Supremo de Brasil fue parcial a la hora de dictar sentencia, un argumento que fue rebatido por la alta corte del país suramericano.
La Justicia italiana ordenó la inmediata puesta en libertad de la exdiputada, una de las más radicales del bolsonarismo y que había sido arrestada en julio de 2025, después de huir de Brasil para evitar cumplir su condena.
La segunda condena por la que Brasil pide la extradición se refiere a una sentencia a cinco años de prisión impuesta a Zambelli el pasado agosto porque perseguió a un militante de izquierdas a punta de pistola por la calle en São Paulo, en la víspera de las elecciones de 2022.