El pleno del Congreso aprobó con 83 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones el informe final de la comisión legislativa encargada de investigar el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la constructora brasileña, firmado en 2019.
En el informe, atribuyen a Gorriti, fundador del medio independiente IDL Reporteros, los delitos de cohecho, tráfico de influencia y obstrucción a la justicia bajo el argumento de supuestamente haber ofrecido favores mediáticos a cambio de influir en decisiones de la Fiscalía y recomienda iniciar investigaciones penales tanto a él como siete fiscales y procuradores.
En un comunicado, 230 organizaciones de prensa, editores y periodistas expresaron que en un contexto en el que las amenazas a la libertad de prensa en Perú van en aumento, "el Congreso de la República consumó un nuevo ataque contra el periodismo independiente".
"Estamos ante un evidente uso del poder parlamentario para hostigar y silenciar, mediante la amenaza penal, a un periodista cuyas investigaciones han expuesto graves casos de corrupción que involucran a actores políticos y judiciales que hoy tienen el poder en el país", expresa el documento.
Entre los firmantes del pronunciamiento está el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), el Centro Pulitzer, la Fundación Gabo, la Federación Nacional de Periodistas de Brasil, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP), El Centro Knight para el Periodismo en las Américas y medios y periodistas de Estados Unidos, Chile, España, Colombia, Argentina, Venezuela y Perú entre otros.
El comunicado añade que el fiscal general, Tomás Gálvez, quien decidirá si inicia investigaciones penales contra Gorriti, fue hasta hace unas semanas un magistrado investigado en un caso de corrupción denominado 'Los cuellos blancos del puerto", revelado en parte por IDL Reporteros.
En el marco de ese caso, Gorriti denunció e interrumpió un registro sin orden judicial efectuado a las oficinas de IDL-Reporteros con el objetivo de confiscar las grabaciones que destaparon el caso de 'Los cuellos blancos'.
El pronunciamiento también recordó que el congresista que presidió la comisión investigadora, Alejandro Muñante, pertenece al partido ultraderechista Renovación Popular, cuyo líder, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, ya ha amenazado en varias ocasiones a Gorriti.
"Hay que cargárselo de una vez al caballero", dijo el ultraderechista sobre el periodista en septiembre de 2025.
Por último, las organizaciones de prensa expresaron su deseo de que el fiscal de la nación "actúe en derecho y no en cumplimiento de venganzas y mandatos del poder político".
Del mismo modo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) se solidarizó con Gorriti "frente a una nueva persecución judicial".
"RSF y organizaciones aliadas rechazan el informe del Congreso, basado en acusaciones infundadas y que representa una amenaza a la libertad de prensa", expresó la organización.