En una carta al Parlamento neerlandés, el Gobierno explicó que ofrecerá oficialmente al Consejo de Europa albergar el tribunal cuando entre en funcionamiento, aunque condiciona esa oferta a que los países participantes asuman de forma íntegra los costes de su funcionamiento y de la seguridad.
La iniciativa responde también a una petición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y refuerza el papel de Países Bajos como sede de instituciones internacionales de justicia, como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ambas en La Haya.
El nuevo tribunal especial pretende cubrir un vacío jurídico, ya que la CPI no puede ejercer sus competencias sobre el crimen de agresión cometido contra Ucrania dadas las limitaciones previstas en el Estatuto de Roma, su tratado fundacional, para este delito cuando el país agresor no ha aceptado su jurisdicción.
El pasado mayo, 36 países y la Unión Europea firmaron el acuerdo que establece el marco de gestión de la futura corte.
En ese momento, el Gobierno neerlandés anunció que ya había identificado un lugar para la fase inicial del tribunal en la zona internacional de La Haya, aunque evitó revelar su ubicación exacta por motivos de seguridad.
Ahora, plantea como opción preferente una versión reducida del tribunal, sin centro de detención en territorio neerlandés y limitando al máximo la presencia simultánea de personas protegidas, como testigos o altos cargos.
Según el Ejecutivo, un tribunal plenamente operativo, con instalaciones de detención, requeriría la construcción de un nuevo complejo específico.
La carta al Parlamento subraya que la capacidad de las autoridades neerlandesas para garantizar la protección del tribunal constituye un requisito esencial para acoger la futura institución.
Asimismo, el Gobierno insiste en que los gastos serán sufragados por los países participantes y no deberán recaer de forma permanente sobre el presupuesto neerlandés, aunque Países Bajos contribuirá al gasto común, para lo que ya ha reservado hasta 16 millones de euros anuales en el presupuesto de Exteriores.
Hasta ahora, ningún otro país se ha ofrecido a albergar el futuro tribunal.