En su mayoría mujeres y organizadas en el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), el grupo se concentró pacíficamente en las afueras del tribunal donde desde abril pasado y "por primera vez" se desarrolla un proceso penal bajo el modelo masivo de audiencia única abierta contra más de 400 supuestos cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) por "47.000 delitos" cometidos entre 2012 y 2022, según informó la Fiscalía General.
La Fiscalía, en su cuenta de X, también informó lleva a cabo otros procesos de audiencias masivas contra supuestos miembros de pandillas o colaboradores de estas bandas, detenidos durante el régimen de excepción, en su mayoría por el cargo de agrupaciones ilícitas.
Estos procesos han sido criticados por abogados y organizaciones de derechos humanos porque, según explicaron, se juzga colectivamente a las personas sin individualizar los casos.
Alfredo Mejía, cuya hija fue detenida el 7 de abril de 2022 y de la que asegura no saber nada, ni si está con vida, declaró a EFE que existe una preocupación por el desarrollo de las audiencias masivas porque "la Fiscalía ha optado por un testigo (...) que es pandillero y criminal, y que le están dando beneficios, para condenar a nuestros inocentes".
Mejía señaló que, de acuerdo con información recopilada por Movir, existen aproximadamente 30.000 "inocentes" en las cárceles que "fueron detenidos arbitrariamente".
"No estoy en contra del Gobierno, estoy en contra de las malas actitudes que se están tomando, estoy en contra de las detenciones arbitrarias, en contra de los procesos amañados y en contra de que no haya procesos pegados a derechos", añadió.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó recientemente la prórroga la número 52 del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que a la fecha ha dejado más de 92.480 detenciones de personas que son supuestamente miembros de pandillas o que tienen presuntos vínculos con dichas bandas.
Este régimen excepcional se aprobó tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros, que ha dejado 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y se estima que más de 530 personas han muerto bajo custodia del Estado.
Esta crisis de asesinatos, que dejó más de 80 muertes en un fin de semana, fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.
El régimen de excepción, que es la principal medida del Gobierno de Bukele contra las maras y para reducir la violencia, continúa vigente a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos para poner fin a su implementación.
La medida cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población y Bukele, cuya política antipandillas le consiguió su reelección inmediata a pesar de la prohibición constitucional.