Se trata de cambios relacionados con el incremento salarial mínimo, las modificaciones de las pensiones estatales, así como promover los incentivos fiscales para empresas estatales, privadas e inversionistas extranjeros que financien inversiones en sectores sociales.
De acuerdo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otaméndiz, el propósito de esas modificaciones es “buscar más equidad, más justicia social y atender a aquellas personas que están en mayor situación de vulnerabilidad”.
En relación al salario mínimo, Otaméndiz explicó la víspera en televisión nacional que se incrementará de 2.100 a 3.210 pesos mensuales (unos 27 dólares al cambio formal, pero apenas cinco dólares al cambio informal),
“Aunque reconocemos que es insuficiente, creemos que es un primer paso que tendrá un impacto positivo”, afirmó el ministro, en un contexto en el que la inflación interanual en el mercado formal en Cuba sigue en alza y se situó en mayo en el 15,89 %, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
Este repunte se ha consolidado durante el primer semestre del presente año, reflejando el shock económico que ha supuesto el cerco petrolero impuesto por EE.UU. a la isla desde enero, que disparó los precios de manera generalizada, pero especialmente en la alimentación y el transporte.
Cuba lleva más de seis años sumida en una grave crisis estructural que ha contraído su economía más de un 15 % entre 2020 y 2025. La presión estadounidense con el bloqueo petrolero y una nueva oleada de sanciones secundarias desde mayo a sectores claves de la economía, ha agudizado la precariedad en el país caribeño.
En este contexto, el ministro de trabajo avanzó, además, que el incremento impactará “a toda la escala salarial” tanto en al sector presupuestado como el empresarial” y que el aumento correspondiente a este julio será percibido por los trabajadores cubanos en agosto próximo. Además, se evaluará y definirá anualmente el salario mínimo del país.
Otaméndiz se refirió también a la eliminación del límite establecido para la base de contribución de los trabajadores privados y puntualizó que se permitirá que quienes aporten al sistema de seguridad social puedan hacerlo por ingresos superiores, a fin de que, en el futuro accedan a pensiones de mayor cuantía.
Otra de las modificaciones anunciadas es que las personas que laboran simultáneamente en el sector estatal y en actividades privadas puedan contribuir a la seguridad social por ambos regímenes y así, “beneficiarse del resultado que tendrá su pensión cuando llegue a la edad de jubilación y cumpla los años de servicio establecidos en la ley”, dijo.
Además, se reconocerá para efectos de la jubilación quienes hayan estado hasta diez años dedicados al cuidado de familiares, una medida que dijo Otaméndiz, debe beneficiar “principalmente a las mujeres, sobre quienes históricamente ha recaído la mayor carga de los cuidados” y a “cualquier persona que haya debido interrumpir o limitar su vida laboral para atender a familiares dependientes”.