Bajo el lema 'Detengan la tiranía', varios miles de personas, según el portal Hvg.hu, se congregaron delante de la sede de la Presidencia, en el Castillo de Buda.
En su convocatoria, el Fidesz, que bajo el liderazgo de Orbán gobernó durante 16 años consecutivos antes de perder las elecciones legislativas del pasado abril, afirmó que el actual Ejecutivo "desmantela el Estado de derecho e institucionaliza la tiranía".
Los manifestantes mostraron así su rechazo a un paquete de reformas constitucionales presentadas ante el Parlamento por el Gobierno del Tisza, el partido de Magyar.
El proyecto amplía la autonomía de la Oficina Nacional Judicial y del Tribunal Supremo, al tiempo que establece los 70 años como edad límite para que un letrado pueda ser nombrado juez del Tribunal Constitucional.
Además, las medidas introducidas tienen como objetivo permitir la destitución del actual presidente, Tamás Sulyok, un político leal a Orbán, y crear un ente público destinado a recuperar fondos supuestamente desviados por oligarcas cercanos al régimen del exmandatario.
El expresidente del país János Áder, uno de los fundadores del Fidesz, declaró ante los manifestantes que "las enmiendas constitucionales anunciadas por el Gobierno significan el derrumbe del Estado de derecho" y buscan apartar a Sulyok del cargo de manera ilícita.
Por su parte, el Ejecutivo defiende que el objetivo de las reformas es "restaurar la democracia constitucional" después de que el país se haya alejado de sus estándares democráticos básicos.
Durante sus cuatro mandatos consecutivos en el poder (2010-2026), Orbán socavó gran parte del Estado de derecho en Hungría mediante la centralización del poder, la limitación de la autonomía de la judicatura, el control de la prensa y la modificación de la ley electoral; medidas que llevaron a la Unión Europea a congelar parte de los fondos comunitarios destinados al país.
Magyar y su formación, el Tisza, ganaron las legislativas de este año con mayoría absoluta tras una campaña en la que prometieron destituir a los altos cargos nombrados por el Gobierno anterior —a quienes calificaron de "títeres de Orbán"—, restaurar las instituciones y cumplir con los requisitos de Bruselas para desbloquear los fondos comunitarios.