La decisión fue tomada por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, que declaró infundado un pedido de prescripción de la acción civil que presentó la defensa de Balcázar.
Este caso solo se sigue en el extremo civil porque en junio de 2025 se declaró extinguida la acción penal al haberse cumplido el plazo para la prescripción del delito.
En esta ocasión, el tribunal, a cargo del juez Juan Alex Cubas, desestimó el pedido que planteaba el archivo definitivo del proceso y señaló que este continuará bajo las reglas del órgano jurisdiccional.
El juzgado declaró, sin embargo, fundada la petición de suspensión temporal por considerar "la alta investidura" de Balcázar, aunque precisó que la medida regirá hasta el fin de su gestión, el próximo 28 de julio, cuando entregará la Presidencia a la derechista Keiko Fujimori.
En ese sentido, determinó que el proceso civil será instalado el próximo 21 de agosto, con la concurrencia obligatoria de las partes, y que el 28 de agosto se realizará una audiencia complementaria.
En este caso, se imputa al gobernante la presunta comisión del delito de apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, cuya capital es Chiclayo, cuando era su decano, en el período 2019-2020.
El pasado febrero, el Congreso nombró a Balcázar como cabeza del Gobierno de transición y en ese momento, su abogado, Víctor Pariona, expuso que, al ser un proceso iniciado antes de que el mandatario asumiera la jefatura de Estado, no contaba con la inmunidad que otorga el cargo ni tampoco con la prerrogativa que recibe por también ser congresista desde 2021.
Pariona también reconoció que fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque fueron depositados en cuentas personales del actual gobernante, pero dijo que esto se hizo "por un tema administrativo" y el dinero se destinó a la institución.