La ONG ha analizado las políticas desplegadas por siete países y España recibe la menor puntuación (-380 puntos), seguido de Irlanda (-370 puntos), Alemania (-320 puntos), Portugal (-270 puntos), Grecia (240 puntos) y Suecia (-100 puntos). Países Bajos recibe el único aprobado del informe, con una puntuación de 210 puntos.
Greenpeace cifra en 9.900 millones el valor de las medidas adoptadas por estos siete países y concluye que un 86 % de ellas "incentivan un mayor consumo de combustibles fósiles", lo que revela "profundas contradicciones" en la respuesta europea al conflicto bélico y las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz.
"Todos los países analizados han subordinado en gran medida sus planes de emergencia al mantenimiento del consumo de combustibles fósiles", subraya el estudio, que remarca también que solo tres países (Países Bajos, España y Suecia) han incluido alguna medida a favor de la transición verde.
Esta "dualidad" revela, para Greenpeace, una "incoherencia estructural que perpetúa la vulnerabilidad del bloque ante 'shocks' geopolíticos externos". Además, la organización denuncia que se ha optado por medidas indiscriminadas" en lugar de por "transferencias directas para familias o ayudas para sectores profesionales" más afectados por la crisis.
"Los ciudadanos comunes están enormemente expuestos a la escalada de las facturas energéticas porque sus gobiernos y la UE han desarrollado dependencias graves del petróleo y el gas. La respuesta de los gobiernos a la crisis energética de Ormuz ha consistido, en su mayoría, en profundizar estas dependencias, de modo que el próximo choque golpeará con más fuerza", advirtió el portavoz de Greenpeace UE, John Hyland.
En el caso de España y su paquete de medidas con un valor de 5.000 millones de euros, Greenpeace resalta que se centró en una "reducción masiva de la fiscalidad energética" acompañada de medidas sociales como la prohibición de cortar el suministro, el refuerzo de la tarifa social, el apoyo a sectores del transporte y la agricultura o el apoyo a industrias de alto consumo energético.
Pero también destaca que contempló "incentivos y medidas más estratégicas para acelerar y democratizar la transición energética", como exenciones fiscales para la rehabilitación de viviendas, el impulso a la movilidad eléctrica y la instalación de bombas de calor, el autoconsumo, las comunidades energéticas y las energías renovables.
El análisis de todas estas actuaciones deriva en una puntuación negativa de -460 puntos por medidas que favorecen el consumo de combustibles fósiles (recortes de impuestos, subsidios a fertilizantes o apoyo a hogares y empresas), que se ve compensada con otra positiva de +280 puntos por las medidas favorables a la transición verde.
Este saldo negativo de -180 puntos se ve agravado por la cantidad de medidas indiscriminadas ('untargeted', en la jerga comunitaria) que recoge el plan español y que le restan otros 200 puntos para una puntuación final de -380 puntos.