Sochor recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, según la orden de ejecución firmada en junio por el gobernador, Ron DeSantis.
El condenado fue declarado culpable del secuestro y asesinato de Patricia Gifford, una joven de 18 años desaparecida en la Nochevieja de 1981 en el condado de Broward, en el sureste de Florida.
Según los registros judiciales, Sochor confesó que estranguló a la universitaria después de que ella se negara a mantener relaciones sexuales con él y que se deshizo del cuerpo.
Sochor, un veterano militar, nunca reveló dónde dejó el cuerpo de la joven. Los familiares de la víctima han dicho que no esperan que dé esa información antes de su ejecución.
El reo cumple además una cadena perpetua por una agresión sexual cometida en 1980, según el Departamento de Correccionales de Florida.
El conocido como 'estado del sol' es uno de los más activos del país en la aplicación de la pena de muerte. Las 19 ejecuciones de 2025 supusieron un récord en su historia moderna y la cifra más alta del país ese año, según el Death Penalty Information Center (DPIC).
El estado mantiene ese ritmo en 2026, con una aceleración que las organizaciones contrarias a la pena capital consideran sin precedentes.
Organizaciones contra la pena de muerte, como Death Penalty Action y Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP), han pedido a DeSantis que detenga la ejecución y conmute la condena por cadena perpetua.
FADP cuestiona que el caso se apoyó en el testimonio del hermano del reo, Gary Sochor, y alega que la Fiscalía ocultó pruebas favorables a la defensa, entre ellas que ese testigo recibió inmunidad a cambio de declarar.
No obstante, el Tribunal Supremo de Florida rechazó los últimos recursos del condenado y avaló la ejecución.
La organización humanitaria advierte también que la inyección letal puede provocar un sufrimiento extremo, y cita autopsias de ejecuciones recientes con signos de edema pulmonar, una acumulación de líquido en los pulmones que, según los abogados de Sochor, causa una sensación de ahogo antes de la muerte.
Death Penalty Action considera además que la pena capital se aplica de forma arbitraria y con sesgo racial, y advierte de que el ritmo de ejecuciones de Florida contrasta con la tendencia a la baja en la mayoría de los estados del país.