"La CPI es la piedra angular del sistema de justicia penal internacional. Garantiza la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto", afirmó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, en una declaración emitida en nombre de los Veintisiete.
"La Unión Europea seguirá apoyando a la CPI por medios políticos, diplomáticos, financieros y prácticos, incluso mediante el fortalecimiento de los sistemas de justicia nacionales conforme al principio de complementariedad", aseveró.
La jefa de la diplomacia europea reiteró además el "firme compromiso" del bloque comunitario "con la universalidad, integridad y plena aplicación del sistema del Estatuto de Roma" -el tratado fundacional de la CPI-, e instó a "todos los Estados" a garantizar su "plena cooperación" con el órgano judicial internacional.
El tribunal "debe poder ejercer su mandato libre de presiones, intimidación o injerencias", subraya el texto, que resalta la "suma importancia" de que la corte "pueda continuar con las investigaciones en curso y los casos actualmente bajo examen judicial derivados de situaciones en todo el mundo".
"En un momento en que las violaciones del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, siguen causando un inmenso sufrimiento, la rendición de cuentas sigue siendo indispensable para la justicia, para la prevención de futuras atrocidades y para una paz sostenible", añade.
La declaración de Bruselas llega después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara el lunes una campaña para prohibir la entrada a EE.UU. al personal de la CPI y ampliar las sanciones contra sus miembros y organizaciones afiliadas.
La Administración de Donald Trump convocará además a embajadores y altos cargos de naciones extranjeras para exponerles "los abusos de la CPI" e instarles a retirarse del organismo, según indicó Rubio en un comunicado en el que acusó al tribunal de querer convertirse en "un árbitro global sin rendición de cuentas".
Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma y su Gobierno ya ha sancionado a altos funcionarios del tribunal por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington.