Las violaciones de derechos humanos del M23 "forman parte de una situación extremadamente preocupante de violencia generalizada contra la población civil, que requiere una atención urgente por parte de la comunidad internacional", indicaron este martes en un comunicado conjunto.
En particular, pidieron a los distintos Estados así como a Naciones Unidas que actúen para reactivar el acuerdo de alto el fuego firmado por el M23 con el Gobierno de la RDC en diciembre de 2025, bajo el respaldo de Ruanda.
Los expertos destacaron que el M23 ha establecido en las zonas que controla un gobierno de facto en el que utiliza las detenciones arbitrarias, la tortura, así como el trabajo y el reclutamiento forzados para ejercer su poder sobre la población civil.
Muchas detenciones ilegales se justifican por la supuesta colaboración de las víctimas con las fuerzas armadas de la RDC o grupos opuestos al M23, pero también por incumplir el trabajo comunitario obligatorio o a veces por meras sospechas de actividad delictiva, indicaron los expertos en derechos humanos.
Los arrestados son llevados a centros de detención no oficiales donde permanecen recluidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad, con escaso acceso a atención médica y a veces sometidos a una privación sistemática de alimentos y agua.
Muchos detenidos sufren violencia física, incluidas palizas diarias, y se han denunciado varias muertes bajo custodia, mientras que en numerosos casos las familias de los detenidos son obligadas a pagar dinero para que sus familiares detenidos sean liberados, denunciaron los expertos.
También recordaron que sólo en 2025 se registraron en el contexto del conflicto en el este de la RDC más de 90.000 casos de violencia sexual.
Firman el comunicado, entre otros, la relatora de la ONU sobre tortura, Alice Jill Edwards, y los miembros de los grupos de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria y sobre discriminación contra mujeres y niñas.