De acuerdo con información recabada por Reporteros Sin Fronteras, el comunicador había denunciado amenazas de muerte desde hacía un año ante diversas instancias del Gobierno estatal y federal, advirtiendo de manera constante sobre los riesgos que enfrentaba por su ejercicio profesional.
A través de un comunicado, AI calificó como “especialmente preocupante” que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tuvieran conocimiento previo del peligro que corría el comunicador y no evitaran su ejecución.
En el desarrollo de su labor periodística, Leyva Aguilar se caracterizó por mantener una postura sumamente crítica hacia la actual Administración estatal de Oaxaca, encabezada por el Gobernador Salomón Jara Cruz.
El propio Jara Cruz confirmó y condenó ayer el asesinato del informador a través de redes sociales con un mensaje en el que pidió a la Fiscalía que agotara “todas las líneas que permitan esclarecer este crimen”.
Ante estos hechos, la organización exigió a las instituciones realizar una investigación “pronta, exhaustiva e independiente” que sitúe su trabajo informativo, las amenazas previas y las campañas de estigmatización en su contra como las líneas centrales del proceso judicial.
AI exhortó además a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a indagar las “posibles omisiones institucionales” que pudieron haber contribuido a que este crimen finalmente se consumara.
En respuesta a su trabajo periodístico, en 2024 Alejandro fue objeto de campañas de desacreditación mediante una sección difundida durante las conferencias de prensa oficiales del mandatario oaxaqueño, sufriendo posteriormente diversas amenazas de muerte durante 2025 que no impidieron que continuara informando.
Un día antes de su homicidio, el periodista publicó una columna de opinión con fuertes críticas dirigidas contra el gobernador y varios integrantes de su gabinete, reafirmando su compromiso con la libertad de expresión a pesar de las constantes presiones.
México se mantiene como uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa, contabilizando más de 150 periodistas asesinados y 25 desaparecidos desde el año 2000 y siete en lo que va de 2026.