Medinaceli fue aprehendido en La Paz, sede del Ejecutivo y Legislativo del país, y llevado a la Fiscalía Departamental para que declare dentro de un proceso en el que se le acusa por supuesto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La Fiscalía emitió el lunes la orden de captura a partir de una denuncia presentada por la diputada de la fuerza opositora Libre Lissa Claros, que también incluye como denunciantes a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Viceministerio de Transparencia y Seguridad Jurídica.
Medinaceli fue ministro desde el 9 de noviembre de 2025 hasta el 22 de abril pasado.
Un día después, el presidente Rodrigo Paz designó en su reemplazo a Marcelo Blanco, a quien encomendó garantizar la provisión de combustible de calidad y la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos para el país.
La detención del exministro se da horas después de que una comisión de la Cámara de Diputados presentó un informe que estableció supuestas responsabilidades de YPFB, la ANH y el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) en la adquisición de combustible de mala calidad.
El vicepresidente del país, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, destacó el trabajo de los legisladores y la Fiscalía y pidió que "se vacíe todo el peso de la ley" contra Medinaceli y otros presuntos responsables de estos hechos.
El problema con el combustible en mal estado comenzó a manifestarse semanas después de que el Gobierno de Paz retiró el subsidio a los combustibles a mediados de diciembre, que estuvo vigente por más de 20 años y mantuvo el precio estable durante ese periodo.
En febrero, YPFB indicó que se hallaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento de gasolina, lo que supuestamente generó un desbalance en la composición del combustible.
El Gobierno habilitó un sistema de compensación para atender los posibles daños en el parque automotor por la gasolina "desestabilizada", pero cuya eficiencia fue cuestionada por los sindicatos de transportistas, que realizaron huelgas en varias ocasiones.
Ante esto, YPFB asumió otras medidas, como mayores controles en la cadena de distribución, la limpieza de los tanques de almacenamiento y la elevación de los parámetros de calidad para los proveedores.
El Ejecutivo también dijo que el problema se debió a un asunto "heredado" del anterior Gobierno, que no se presentó en todo el país y que se trató de un "boicot" a su gestión.
En junio, la aseguradora estatal Unibienes reportó que las compensaciones por los daños ocasionados por el combustible en mal estado alcanzaron los 13,1 millones de dólares por más de 70.000 unidades que reportaron fallas en Bolivia.